El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció la creación de una Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad. Este nuevo organismo, dependiente del Ministerio de Seguridad, se encargará de la vigilancia en redes sociales, el análisis de cámaras de seguridad en tiempo real y la supervisión aérea mediante drones. La medida se enmarca en un contexto de ajuste estatal que excluye áreas clave como la seguridad y defensa.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la resolución justificando la necesidad de esta unidad para prevenir y combatir el delito. Según Bullrich, la implementación de inteligencia artificial permitirá respuestas más rápidas y precisas ante amenazas y emergencias; este organismo estará compuesto por policías y agentes de otras fuerzas de seguridad, encargados de patrullar espacios virtuales y físicos.
Uno de los objetivos de la unidad es utilizar algoritmos de aprendizaje automático para predecir futuros delitos. Esta tecnología analizará datos históricos para identificar patrones delictivos y posibles amenazas. Además, la unidad se enfocará en detectar movimientos de grupos delictivos, disturbios y transacciones financieras sospechosas que puedan indicar actividades ilegales.
Diversos expertos y organizaciones civiles han expresado preocupación por las implicaciones de esta nueva unidad en cuanto a los derechos ciudadanos. El Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo resaltó que la falta de supervisión en la adquisición de tecnologías puede llevar a abusos. El Observatorio de Derecho Informático Argentino cuestionó la comparación de modelos de seguridad de países con contextos y sistemas políticos muy diferentes al de Argentina.
La controversia gira en torno al equilibrio entre seguridad y derechos civiles, una cuestión clave en la implementación de nuevas tecnologías. Mientras el gobierno sostiene que la unidad mejorará la seguridad pública, los críticos temen que pueda utilizarse para restringir la privacidad y la libertad de expresión. La creación de esta unidad abre un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración pública y su impacto en la sociedad argentina.
