El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ratificado una histórica decisión que obliga a Apple a devolver más de 13.000 millones de euros en impuestos no pagados a Irlanda. Este fallo, emitido el 10 de septiembre de 2024, marca el final de una larga batalla legal entre Apple, el Gobierno irlandés y la Comisión Europea. El tribunal determinó que los acuerdos fiscales que Dublín otorgó a la multinacional estadounidense representaban una ayuda de Estado ilegal, lo que permitió a Apple pagar impuestos considerablemente más bajos que otras empresas durante varios años.
Este conflicto legal se originó en 2016 cuando la Comisión Europea, dirigida por Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, concluyó que Apple había recibido ventajas fiscales indebidas en Irlanda, lo que contravenía las normas europeas de competencia. Según el análisis de la Comisión, los acuerdos fiscales permitieron a la compañía reducir su tasa impositiva efectiva a un nivel que oscilaba entre el 1 % y el 0,005 %, mucho menos de lo que pagan la mayoría de las empresas en la región. En consecuencia, la Comisión ordenó a Apple devolver 13.000 millones de euros en impuestos no pagados, junto con los intereses correspondientes.
Irlanda, por su parte, se alineó con Apple en la defensa de su régimen fiscal, argumentando que la compañía no había recibido un trato preferencial y que el país estaba interesado en mantener su atractivo como destino para la inversión extranjera. El Gobierno irlandés sostenía que sus políticas fiscales eran legítimas y conformes con las leyes europeas. Esta postura provocó tensiones con otros Estados miembros de la UE, que criticaban lo que consideraban un dumping fiscal en beneficio de grandes multinacionales.
El proceso judicial
Apple y el Gobierno irlandés apelaron la decisión de la Comisión Europea ante el Tribunal General de la Unión Europea en 2020. En ese momento, el tribunal falló a favor de Apple, argumentando que la Comisión no había probado de manera concluyente que los acuerdos fiscales hubieran proporcionado una ventaja selectiva a la empresa. Este revés judicial fue un golpe para las políticas de competencia de la UE, lo que llevó a Bruselas a apelar el fallo ante el Tribunal de Justicia de la UE, el máximo órgano judicial del bloque.
El fallo del TJUE ahora revierte la sentencia del Tribunal General y reafirma el planteamiento de la Comisión Europea. Según el TJUE, la estructura fiscal utilizada por Apple en Irlanda permitió que la mayor parte de sus beneficios europeos se canalizaran hacia una "sede" que no tenía empleados ni oficinas y que solo existía en términos fiscales. Por lo tanto, concluyó que Irlanda había otorgado una ventaja ilegal a Apple, lo que exigía la devolución de los impuestos.
Esta decisión supone una importante victoria para la Comisión Europea en su lucha contra las prácticas fiscales abusivas de grandes multinacionales tecnológicas como Apple, Google y Amazon. Margrethe Vestager, que ha liderado una campaña para cerrar las lagunas fiscales en toda la UE, calificó el fallo como un paso crucial hacia una mayor equidad fiscal dentro del mercado único europeo.
Sin embargo, la sentencia también plantea preguntas sobre el papel de Irlanda como sede de muchas multinacionales tecnológicas. Aunque el fallo obliga a Apple a devolver los impuestos, Irlanda ha argumentado que tal decisión podría afectar su capacidad para atraer inversión extranjera en el futuro. A pesar de esto, el país continúa siendo un centro neurálgico para empresas tecnológicas debido a su baja tasa de impuestos corporativos y su mano de obra altamente cualificada.
Google y otros casos
Este fallo no es el único desafío que enfrentan las grandes tecnológicas en Europa. Además de la multa de 13.000 millones a Apple, el Tribunal de Justicia también confirmó recientemente sanciones multimillonarias a Google, en el marco de la campaña de Bruselas contra el abuso de posición dominante por parte de las grandes empresas tecnológicas. La suma de estas sanciones supera los 15.000 millones de euros, lo que subraya el endurecimiento del enfoque europeo frente a las prácticas empresariales de Silicon Valley.
El fallo del TJUE representa una victoria significativa para la política fiscal de la Unión Europea y una advertencia para otras grandes empresas tecnológicas que operan en el continente. Con esta decisión, Bruselas refuerza su compromiso de garantizar que todas las empresas, independientemente de su tamaño, paguen una parte justa de impuestos y no se beneficien de acuerdos fiscales especiales. Al mismo tiempo, pone de relieve la creciente presión sobre las grandes tecnológicas para que adapten sus prácticas comerciales a las normativas más estrictas de la UE.
