El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencias decisivas contra Apple y Google el martes. Estos casos representan un avance importante en la regulación del sector tecnológico en los 27 países de la Unión Europea.
En el caso de Apple, el TJUE confirmó la orden de la Comisión Europea emitida en 2016, que exigía a Irlanda recuperar 13.000 millones de euros en impuestos no pagados por Apple. Se determinó que la empresa había hecho acuerdos ilegales con el gobierno irlandés para reducir su carga tributaria.
Apple argumentó que ya había pagado impuestos en Estados Unidos y que el caso no trataba sobre la cantidad de impuestos, sino sobre qué gobierno tenía el derecho de cobrar. A pesar de su objeción, el dinero, que había sido puesto en una cuenta de depósito en garantía, será transferido al tesoro irlandés.
En el caso de Google, la corte mantuvo una multa de 2.400 millones de euros impuesta en 2017. La sanción fue consecuencia de la preferencia otorgada por Google a su propio servicio de comparación de precios en los resultados de búsqueda, perjudicando a competidores.
Google expresó su decepción por el fallo, aunque ya había hecho modificaciones para cumplir con la decisión original. La empresa aseguró que sus cambios han generado millones de clics a otros servicios de comparación de precios, aunque algunos competidores sostienen que los ajustes no han sido suficientes.
Ambos casos son emblemáticos en la estrategia de la UE para controlar a las grandes tecnológicas, liderada por la comisaria de competencia Margrethe Vestager. Según el New York Times, Vestager destacó la importancia de estas decisiones como el inicio de una nueva era en la regulación antimonopolio digital. Añadió que el caso de Google sentó las bases para que otros países intensifiquen la supervisión del sector tecnológico.
Estos casos también han puesto en evidencia el lento proceso regulador en la Unión Europea. A pesar de las importantes sanciones impuestas a Apple y Google, la lentitud en la implementación de las resoluciones ha permitido que ambas empresas mantengan su dominio en el mercado durante años.
La UE ha buscado acelerar sus procedimientos con la aprobación de la Ley de Mercados Digitales en 2022, lo que otorga a los reguladores mayor poder para multar a las grandes plataformas tecnológicas y forzarlas a cambiar sus prácticas comerciales.