Meta, la compañía tecnológica estadounidense, recibirá en las próximas semanas su primera multa antimonopolio de la Unión Europea. La sanción se debe a la vinculación de su servicio de anuncios clasificados Marketplace con la red social Facebook, según informaron fuentes cercanas al asunto a Reuters.
La Comisión Europea lleva más de un año investigando a Meta por otorgar una ventaja injusta a Facebook Marketplace, un servicio de anuncios clasificados está integrado en la plataforma principal de Facebook, lo que, según la Comisión, constituye un abuso de posición dominante. Además, la UE acusa a Meta de imponer condiciones comerciales desleales a los servicios de anuncios clasificados en línea que compiten y anuncian en Facebook o Instagram. Las autoridades consideran que estas prácticas limitan la competencia justa y pueden dañar a otros actores del mercado de anuncios clasificados.
La multa podría ascender hasta 13,4 mil millones de dólares, equivalente al 10% de los ingresos globales de Meta en 2023. Esta cifra se basa en el límite máximo que la UE puede imponer en casos de violación de las normas de competencia. Se espera que la decisión final de la Comisión se emita en septiembre u octubre, antes de que Margrethe Vestager, la jefa antimonopolio de la UE, deje su cargo en noviembre. Sin embargo, este cronograma aún podría sufrir modificaciones debido a la complejidad del caso y la necesidad de un análisis exhaustivo.
La Comisión Europea no ha emitido comentarios oficiales sobre el caso hasta el momento. Por su parte, Meta ha negado las acusaciones y defendido sus prácticas comerciales. "Las alegaciones de la Comisión Europea carecen de fundamento", afirmó Matt Pollard, portavoz de la compañía. "Seguimos trabajando constructivamente con las autoridades reguladoras para demostrar que la evolución de nuestros productos favorece al consumidor y fomenta la competencia", agregó.
Este caso marca un momento significativo en la supervisión de la competencia dentro de la Unión Europea, especialmente en el ámbito de las grandes empresas tecnológicas. La resolución del caso podría establecer precedentes importantes para futuras regulaciones y acciones antimonopolio en el sector.
